Un posible cierre del gobierno podría ampliar la autoridad presidencial sobre el gasto federal

A medida que se acerca la fecha límite del 1 de octubre sin un acuerdo presupuestario, el gobierno federal enfrenta un posible cierre que podría ampliar significativamente la autoridad del presidente Donald Trump sobre el gasto federal. La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), dirigida por el director Russell Vought, ha instruido a las agencias a prepararse para reducciones sustanciales en la fuerza laboral y consolidaciones de programas. En un memorando reciente, Vought ordenó a las agencias desarrollar planes de "reducción de personal" (RIF), identificando programas que podrían perder financiamiento discrecional y alineándose con las prioridades de la administración.

Joshua Sewell, director de investigación y políticas en Taxpayers for Common Sense, anticipa que este cierre podría diferir de los anteriores. Sugiere que las acciones de la administración probablemente estarán guiadas por objetivos políticos. Max Stier, CEO de la Partnership for Public Service, señaló que durante un cierre, la administración tendría una considerable discreción para determinar qué servicios y empleados se consideran no esenciales, lo que podría llevar a decisiones que superen las tomadas en cierres anteriores.

Históricamente, los cierres del gobierno han resultado en licencias temporales sin despidos permanentes, con los trabajadores federales recibiendo pago retroactivo una vez resuelto el conflicto. Sin embargo, el enfoque de la administración actual indica un cambio hacia reducciones permanentes. El memorando de la OMB sugiere que las agencias deberían considerar emitir avisos de RIF a empleados en programas que no sean consistentes con las prioridades del presidente o que carezcan de financiamiento obligatorio.

Rachel Greszler, experta en fuerza laboral de la Heritage Foundation, interpreta esta directiva como una señal para los demócratas de que las demandas de financiamiento para la atención médica podrían conducir a más reducciones en la fuerza laboral federal. La administración ya ha reducido la fuerza laboral en aproximadamente 200,000 empleados, con proyecciones que indican un posible aumento a 300,000 para fin de año.

La legalidad de despidos masivos durante un cierre sigue siendo polémica. Sam Berger, del Center on Budget and Policy Priorities, sostiene que un cierre no otorga nueva autoridad legal para despidos generalizados, enfatizando la necesidad de adherirse a los procedimientos establecidos, incluido un período de aviso de 60 días.

Se espera que los servicios esenciales, como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, continúen durante un cierre. Sin embargo, la administración tiene una discreción significativa para definir a los trabajadores "esenciales", lo que podría afectar la operación de varios servicios. Por ejemplo, durante el cierre de 2018-2019, los parques nacionales permanecieron abiertos con servicios limitados, una decisión que luego fue considerada una violación de la ley federal por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

El enfoque de la administración en reducir el tamaño del gobierno federal se alinea con sus objetivos más amplios, incluyendo esfuerzos para abolir el Departamento de Educación y reducir el tamaño de la Agencia de Protección Ambiental. El posible cierre presenta una oportunidad para que la administración avance en estas metas aprovechando un mayor control sobre las operaciones federales.