Ucrania Enfrenta Protestas y Críticas Occidentales por Cambios en la Ley Anticorrupción

El gobierno de Ucrania enfrenta crecientes críticas tras la firma por parte del presidente Volodymyr Zelensky de una legislación que reduce la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (Sap). La nueva ley coloca a ambas agencias bajo la autoridad del fiscal general, quien es designado por el presidente.

La medida ha provocado protestas en Kiev y varias otras ciudades, con miles de personas reunidas frente a la oficina presidencial y manifestaciones más pequeñas reportadas en Odesa, Dnipro, Lviv y Sumy. Estas demostraciones son las mayores concentraciones antigubernamentales desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Los socios occidentales han expresado su preocupación por los cambios. Un portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que ella había solicitado explicaciones al gobierno ucraniano, enfatizando que el respeto al estado de derecho y la lucha contra la corrupción son "elementos fundamentales" para la membresía en la UE. "No puede haber compromiso", añadió el portavoz.

El presidente Zelensky defendió la ley, argumentando que Nabu y Sap habían permitido que los procesos penales se estancaran y que era necesario "limpiarlos de la influencia rusa". El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de 263 de los 324 miembros del parlamento. Sin embargo, los críticos advierten que la ley podría socavar la efectividad de los esfuerzos anticorrupción de Ucrania y amenazar el camino del país hacia la integración en la Unión Europea.

Nabu y Sap fueron creados en 2014 como parte de reformas vinculadas a las ambiciones de Ucrania de integrarse a la UE y desde entonces han liderado investigaciones sobre casos de corrupción de alto perfil. Actualmente, Ucrania ocupa el puesto 105 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una mejora desde la creación de estas agencias. Con la nueva ley, ambos organismos operarán ahora bajo supervisión presidencial, lo que genera preocupación sobre la futura independencia de las investigaciones anticorrupción.