Juicio por espionaje en Reino Unido se derrumba ante postura del gobierno sobre China
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Juicio por espionaje en Reino Unido se derrumba ante postura del gobierno sobre China

Resumen

El juicio de dos británicos acusados de espiar para China fue suspendido después de que el gobierno del Reino Unido se negara a designar a China como una amenaza para la seguridad nacional.

El juicio de Christopher Cash y Christopher Berry, dos ciudadanos británicos acusados de espionaje para China, fue suspendido después de que el gobierno del Reino Unido se negara a clasificar a China como una amenaza para la seguridad nacional.

El Director de Procesos Públicos, Stephen Parkinson, declaró que el caso no podía continuar porque ningún funcionario del gobierno estaba dispuesto a testificar que China representaba una amenaza en el momento de los presuntos delitos.

Los cargos, presentados en abril de 2024, alegaban que entre finales de 2021 y febrero de 2023, los acusados proporcionaron información que podría ser "útil para un enemigo" y "perjudicial para la seguridad o los intereses" del Reino Unido.

La parlamentaria conservadora Alicia Kearns, que trabajó anteriormente con Cash, pidió transparencia respecto al colapso del caso, afirmando: "El gobierno debe ser claro. ¿Quién es responsable de paralizar la acusación?"

Ambos acusados niegan cualquier delito, y la Embajada de China desestimó las acusaciones como "difamación maliciosa".

Bajo la Ley de Secretos Oficiales, los fiscales necesitaban demostrar que los acusados actuaron para un "enemigo". Aunque los servicios de inteligencia británicos han incrementado las advertencias sobre las actividades de Pekín, el gobierno ha referido a China como un "desafío estratégico" en lugar de una "amenaza".

El Primer Ministro Keir Starmer explicó que el gobierno no pudo proporcionar el testimonio requerido porque, en el momento de los presuntos delitos, la administración anterior no había designado a China como una amenaza.

Los críticos argumentan que la decisión de abandonar el caso estuvo influenciada por el deseo de mantener relaciones comerciales con China. Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China, comentó: "Este es un claro ejemplo de funcionarios del Reino Unido que sacrifican nuestra seguridad nacional."

Fuente

AP News

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The trial of Christopher Cash and Christopher Berry, two British nationals accused of espionage for China, was discontinued after the UK government declined to classify China as a national security threat.

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Director of Public Prosecutions Stephen Parkinson stated that the case could not proceed because no government official was willing to testify that China posed a threat at the time of the alleged offenses.

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The charges, filed in April 2024, alleged that between late 2021 and February 2023, the defendants provided information that could be 'useful to an enemy' and 'prejudicial to the safety or interests' of the UK.

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Conservative lawmaker Alicia Kearns, who previously worked with Cash, called for transparency regarding the case's collapse, stating, 'The government must come clean. Who is responsible for spiking the prosecution?'

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Both defendants deny any wrongdoing, and the Chinese Embassy dismissed the allegations as 'malicious slander.'

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Under the Official Secrets Act, prosecutors needed to demonstrate that the defendants acted for an 'enemy.' While British intelligence has increased warnings about Beijing's activities, the government has referred to China as a 'strategic challenge' rather than a 'threat.'

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Prime Minister Keir Starmer explained that the government couldn't provide the required testimony because, at the time of the alleged offenses, the previous administration had not designated China as a threat.

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Critics argue that the decision to drop the case was influenced by a desire to maintain trade relations with China. Luke de Pulford, executive director of the Inter-Parliamentary Alliance on China, commented, 'This is a clear example of U.K. officials trading away our national security.'

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