Juez Federal Ordena la Reincorporación de Cientos de Empleados Federales Despedidos Durante el Cierre del Gobierno
Un juez federal ha ordenado la reversión de los despidos que afectaron a cientos de empleados federales, citando violaciones a un mandato del Congreso durante el reciente cierre del gobierno.
Un juez federal en San Francisco ha ordenado la reversión de los despidos que afectaron a cientos de empleados federales, citando violaciones a un mandato del Congreso durante el reciente cierre del gobierno. La sentencia afecta aproximadamente a 680 empleados de varias agencias, incluyendo a casi 250 oficiales del Servicio Exterior en el Departamento de Estado, 200 empleados en la Administración de Servicios Generales, 150 en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación y casi 80 en la Administración de Pequeñas Empresas.
La Federación Americana de Empleados Gubernamentales y la Asociación Americana del Servicio Exterior argumentaron que finalizar estas reducciones durante el cierre contravenía una ley de gastos provisionales aprobada por el Congreso, que prohibía despidos hasta el 30 de enero de 2026. La jueza Susan Illston declaró que concederá la moción para una orden judicial preliminar solicitada por los sindicatos, señalando que "la naturaleza caótica de estos despidos ha continuado".
El Departamento de Justicia sostuvo que revertir los despidos sería logísticamente complicado para las agencias, especialmente si los tribunales posteriormente permiten que las reducciones procedan. Sin embargo, la jueza Illston enfatizó que la resolución continua que puso fin al cierre prohibía explícitamente dichos despidos hasta el 30 de enero, y que esta directiva no estaba siendo cumplida por algunas agencias.
Esta decisión sigue a una orden de restricción temporal emitida a principios de este mes que bloqueó los despidos de casi 250 oficiales del Servicio Exterior en el Departamento de Estado, originalmente programados para el 10 de noviembre pero pospuestos hasta el 5 de diciembre. La orden de la jueza busca hacer cumplir el mandato del Congreso y brindar claridad a los empleados federales afectados.
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