Tribunal Federal de Apelaciones Restringe el Despliegue de la Guardia Nacional de Illinois en Medio de Disputa Legal

Un tribunal federal de apelaciones ha determinado que las tropas de la Guardia Nacional de Illinois pueden permanecer bajo control federal pero tienen prohibido el despliegue mientras continúan los procedimientos legales respecto a la autoridad de la administración Trump para desplegar tropas en el estado. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito suspendió parcialmente una orden de un tribunal inferior que había detenido los despliegues de la Guardia Nacional en Illinois por dos semanas. Este desarrollo forma parte de una disputa legal en curso sobre los esfuerzos de la administración para desplegar tropas para abordar las manifestaciones cerca de instalaciones federales en ciudades como Chicago y Portland.

La orden del tribunal especifica que "los miembros de la Guardia Nacional no necesitan regresar a sus estados de origen a menos que un tribunal lo ordene posteriormente." Actualmente, las tropas en el área de Chicago están involucradas en actividades de planificación y entrenamiento pero no están realizando misiones operativas, según un comunicado del Comando Norte de EE. UU.

Hasta el miércoles, había 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas activados bajo el Título 10 en el área de Chicago. La administración Trump presentó recientemente una apelación contra la decisión de la juez de distrito de EE. UU. April Perry de otorgar una orden de restricción temporal que bloqueaba el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois.

En su fallo, la juez Perry declaró: "No he visto evidencia creíble de que haya habido rebelión en el estado de Illinois" que justifique la federalización de soldados de la Guardia Nacional. También describió las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre las protestas como "poco fiables."

Los líderes locales en Illinois y Oregón han cuestionado la representación que hace la administración de sus ciudades como "devastadas por la guerra" y violentamente incontrolables, argumentando en la corte que la situación sobre el terreno no es tan grave como la han descrito los funcionarios federales.