Despliegues de la Guardia Nacional en ciudades de EE. UU. generan desafíos legales y debate político

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades de EE. UU., citando la necesidad de abordar la delincuencia y proteger propiedades federales. Estas acciones han provocado desafíos legales y debates sobre la autoridad federal y la gobernanza local.

En Chicago, Illinois, aproximadamente 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 200 de la Guardia Nacional de Texas fueron movilizados el 4 de octubre para proteger las instalaciones y el personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este despliegue ocurrió a pesar de la oposición del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, quienes presentaron una demanda alegando que el despliegue de tropas era ilegal. El 9 de octubre, un juez federal bloqueó temporalmente la federalización y el despliegue de la Guardia en Illinois por 14 días, y se espera que la administración apele la decisión.

En Portland, Oregón, 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón fueron activados para servicio federal el 28 de septiembre, tras preocupaciones por protestas cerca de una instalación de ICE. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, cuestionó la necesidad de este despliegue, afirmando que las fuerzas locales tenían la situación bajo control. El estado y la ciudad presentaron una demanda contra el gobierno federal, lo que resultó en una orden de restricción temporal que bloqueó el despliegue de tropas. Posteriormente, se emitió una orden más amplia para impedir cualquier despliegue de la Guardia Nacional en Oregón.

En Memphis, Tennessee, se estableció una fuerza de tarea federal el 15 de septiembre para abordar la delincuencia, con el apoyo del gobernador de Tennessee, Bill Lee. La fuerza de tarea incluye agentes de varias agencias federales y la Guardia Nacional de Tennessee, que servirá en roles de apoyo sin realizar arrestos. Las operaciones comenzaron el 29 de septiembre, y se espera la llegada de un contingente mayor de tropas poco después.

En Washington, D.C., el presidente Trump declaró una "emergencia por delincuencia" el 11 de agosto, desplegando a cientos de miembros de la Guardia Nacional y tomando el control del Departamento de Policía Metropolitana por 30 días. A pesar de datos que indican un mínimo de 30 años en crímenes violentos, la Guardia ha patrullado varias áreas y participado en tareas de servicio comunitario. El Distrito de Columbia ha presentado una demanda para poner fin al despliegue de tropas, con una audiencia judicial programada para el 24 de octubre.

En Los Ángeles, California, la Guardia Nacional fue desplegada en junio en respuesta a protestas por redadas migratorias. Aproximadamente 4,000 tropas de la Guardia y 700 marines fueron desplegados inicialmente, con el Pentágono comenzando los retiros a mediados de julio. El estado de California ha presentado una demanda alegando que el despliegue excedió la autoridad legal.

El presidente Trump también ha sugerido desplegar tropas en otras ciudades, incluyendo Nueva Orleans, Ciudad de Nueva York, Baltimore, San Francisco, Oakland y St. Louis, citando preocupaciones de seguridad pública. Algunos estados liderados por republicanos, como Luisiana, han dado la bienvenida a la asistencia federal, con el gobernador Jeff Landry solicitando hasta 1,000 miembros de la Guardia Nacional para abordar las altas tasas de delincuencia en varias ciudades.

Estos despliegues han encendido debates sobre el uso apropiado de fuerzas militares federales en la aplicación de la ley doméstica y el equilibrio entre la autoridad federal y la soberanía estatal.