California promulga ley que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden usar máscaras durante las operaciones

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado un proyecto de ley que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, usar máscaras mientras realizan sus funciones oficiales. La legislación, conocida como la Ley No a la Policía Secreta (SB 627), tiene como objetivo mejorar la transparencia y la confianza pública en las fuerzas del orden.

La ley fue presentada en respuesta a recientes redadas de inmigración en Los Ángeles, donde agentes federales usaron máscaras durante arrestos masivos, lo que provocó protestas públicas. El gobernador Newsom enfatizó la diversidad de la población de California, declarando: "Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Está siendo atacada."

La nueva ley prohíbe el uso de bufandas para el cuello, pasamontañas y otras cubiertas faciales por parte de agentes locales y federales durante actividades oficiales. Se hacen excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas como los respiradores N95 y equipo táctico. La ley no se aplica a la policía estatal.

Funcionarios federales han criticado la legislación. Tricia McLaughlin, Secretaria Asistente de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, la describió como "despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros agentes." Añadió que la ley podría poner en riesgo a los agentes, especialmente en medio de un aumento del acoso público.

El Departamento de Seguridad Nacional ha instado a California, junto con otros estados, a cumplir con los esfuerzos federales de aplicación de la inmigración. En un comunicado, el DHS indicó que tomaría "todas las medidas apropiadas para poner fin a su obstrucción imprudente e irresponsable" si los estados no cumplen.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Medidas similares están siendo consideradas en otros estados, incluidos Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, reflejando un debate nacional más amplio sobre las prácticas de las fuerzas del orden y la responsabilidad pública.