Legisladores de EE.UU. y defensores de las criptomonedas expresan preocupaciones sobre el proyecto de ley GENIUS para stablecoins
El recientemente aprobado proyecto de ley GENIUS para stablecoins ha generado debate entre legisladores y defensores de las criptomonedas, quienes advierten que las stablecoins reguladas podrían funcionar de manera similar a las monedas digitales de bancos centrales y permitir una mayor vigilancia gubernamental.
El proyecto de ley GENIUS para stablecoins, recientemente promulgado, está recibiendo críticas tanto de legisladores como de miembros de la comunidad criptográfica que argumentan que podría allanar el camino para monedas digitales controladas por el gobierno. La representante Marjorie Taylor Greene declaró que la legislación crea una "puerta trasera" para una moneda digital de banco central (CBDC) al regular las stablecoins de una manera que permite la supervisión gubernamental. Advirtió que las disposiciones del proyecto podrían conducir a una sociedad sin efectivo y permitir que las autoridades controlen las transacciones financieras.
Los defensores de las criptomonedas compartieron estas preocupaciones, con el partidario de Bitcoin Justin Bechler describiendo el proyecto como una imposición de "cumplimiento y control de CBDC para las stablecoins; funcionalmente idéntico a una CBDC, sin el nombre aterrador." Jean Rausis, cofundador de la plataforma Smardex, señaló que la capacidad de congelar o revertir transacciones y monitorear stablecoins gestionadas centralmente las hace difíciles de distinguir de las CBDCs.
El proyecto GENIUS fue enmendado a principios de este año para incluir medidas más estrictas contra el lavado de dinero, cumplimiento de sanciones y requisitos de conocimiento del cliente, que requieren vigilancia financiera y la capacidad de censurar transacciones. Figuras de la industria, como el fundador de Curve Finance, el Dr. Michael Egorov, han advertido previamente que las stablecoins centralizadas son vulnerables a la captura regulatoria, incluyendo la posible incautación gubernamental de los activos que respaldan los tokens.
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