Amnistía Internacional Informa sobre Leyes Restrictivas que Apuntan a la Sociedad Civil en las Américas

Amnistía Internacional ha publicado un informe titulado "Desgarrando el Tejido Social: Impacto de las Leyes Restrictivas en las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Américas", que resalta una preocupante tendencia de marcos legales restrictivos adoptados entre 2024 y 2025 en países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Estas leyes imponen controles desproporcionados sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando su capacidad para apoyar a las comunidades, defender los derechos humanos, operar eficazmente y acceder a recursos.

El informe identifica elementos comunes en estas leyes, incluyendo campañas de estigmatización contra las OSC y los defensores de derechos humanos, calificándolos como "enemigos internos", "agentes extranjeros" o "antipatrióticos". Esta retórica fomenta la desconfianza pública y crea un clima de intimidación, lo que conduce a la autocensura entre las organizaciones. Además, estas leyes a menudo fueron promulgadas sin una consulta pública adecuada o diálogo, justificadas bajo el pretexto de transparencia o prevención de delitos financieros, a pesar de existir mecanismos regulatorios vigentes.

La legislación incluye definiciones amplias y ambiguas, que permiten una interpretación discrecional y una aplicación selectiva contra organizaciones e individuos críticos. Los sistemas administrativos de registro condicionan la operación de las organizaciones a la aprobación estatal, careciendo de plazos claros y operando bajo criterios opacos. Estos mecanismos equivalen a una autorización previa, prohibida bajo estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, se exige a las organizaciones cumplir con obligaciones excesivas, como informes financieros y operativos detallados, desviando recursos de su trabajo principal.

El control sobre la financiación es otro elemento central, con restricciones al acceso a la cooperación internacional, impuestos abusivos y requisitos de autorización previa que socavan la sostenibilidad de proyectos esenciales, particularmente aquellos relacionados con derechos humanos, género, medio ambiente y pueblos indígenas. En algunos contextos, bancos y donantes han condicionado sus relaciones al cumplimiento de estas leyes, lo que ha llevado a la reducción o cancelación de programas que apoyan a poblaciones vulnerables.

Estas leyes también requieren la divulgación de información detallada sobre donantes, beneficiarios y personal, sin salvaguardas efectivas de protección de datos, exponiendo a defensores de derechos humanos y comunidades marginadas a mayores riesgos de vigilancia y persecución. Además, varios marcos legales establecen sanciones desproporcionadas con amplios poderes discrecionales, incluyendo multas excesivas, congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes, suspensión o cancelación del estatus legal e incluso penas penales.

El impacto va más allá de las organizaciones, ya que las OSC juegan un papel fundamental en el tejido social y la protección de los derechos humanos. Cuando estas organizaciones son silenciadas o desmanteladas, las comunidades pierden aliados esenciales en sus esfuerzos por buscar justicia, acceder a información y defender sus derechos. Defensores de derechos humanos entrevistados por Amnistía Internacional describieron un grave deterioro en su capacidad para actuar, influir en políticas públicas y apoyar a las comunidades, con muchos reportando agotamiento emocional, reducción de actividades, migración forzada o autocensura.

Amnistía Internacional concluye que las leyes analizadas no cumplen con las obligaciones internacionales sobre libertad de asociación, libertad de expresión, privacidad y derecho a defender los derechos humanos. En lugar de fortalecer la transparencia, estos marcos contribuyen al cierre del espacio cívico y refuerzan prácticas autoritarias. La organización hace un llamado a los gobiernos de la región para que deroguen o modifiquen las leyes que violan la libertad de asociación, pongan fin a la retórica estigmatizante contra las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, aseguren que cualquier regulación de las OSC cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, faciliten el acceso a financiamiento nacional e internacional sin restricciones indebidas y se abstengan de criminalizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional también insta al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la comunidad donante a rechazar el uso indebido de normas financieras como pretexto para restringir a la sociedad civil.