Militares de EE.UU. Capturan al Presidente Venezolano Maduro en Operación Secreta

En una escalada significativa de la participación de EE.UU. en Venezuela, las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación encubierta el 3 de enero de 2026, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. La operación, con el nombre en clave "Resolución Absoluta", involucró más de 150 aeronaves que atacaron múltiples ubicaciones, incluyendo Fuerte Tiuna, la residencia de Maduro, y la base aérea La Carlota.

El Departamento de Defensa de EE.UU. informó que la misión tenía como objetivo aprehender a Maduro por cargos relacionados con el narco-terrorismo. La fiscal general Pam Bondi anunció que tanto Maduro como Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por varios cargos, incluyendo conspiración de narco-terrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

La operación resultó en bajas significativas. Según funcionarios venezolanos y cubanos, más de 80 personas murieron, incluyendo 32 miembros militares y de inteligencia cubanos.

Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta interina, respaldada por el ejército venezolano y el Tribunal Supremo. Rodríguez, aliada de larga data de Maduro, ha expresado su disposición a construir relaciones respetuosas con EE.UU.

El gobierno estadounidense sostiene que la operación fue una acción de aplicación de la ley dirigida al narco-terrorismo, no una declaración de guerra. Sin embargo, expertos legales argumentan que el nivel de agresión podría haber desencadenado un conflicto armado internacional, invocando normas legales en tiempos de guerra.

La acción militar también interrumpió el tráfico aéreo en el Caribe, provocando cientos de cancelaciones de vuelos y dejando varados a numerosos viajeros. La Administración Federal de Aviación impuso restricciones en el espacio aéreo sobre Venezuela, afectando a las principales aerolíneas y operaciones de cruceros en la región.

Esta operación sin precedentes marca un punto de inflexión crítico en las relaciones entre EE.UU. y Venezuela, con posibles implicaciones para la estabilidad regional y el derecho internacional.