Ucrania Suspende su Participación en el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal en Medio del Conflicto en Curso
Ucrania ha suspendido su participación en la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, citando la necesidad de fortalecer sus capacidades de defensa en medio del conflicto en curso con Rusia. Esta medida ha generado objeciones por parte de Suiza y otros estados, que argumentan que dicha suspensión es incompatible con el derecho internacional.
El 15 de julio de 2025, la Verkhovna Rada de Ucrania aprobó una legislación que suspende la participación del país en la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, también conocida como la Convención de Ottawa. Esta decisión fue motivada por la necesidad de reforzar las capacidades de defensa en medio del conflicto en curso con Rusia, que no es parte de la convención y que, según informes, ha utilizado minas antipersonal durante el conflicto.
Suiza objetó formalmente la suspensión por parte de Ucrania, afirmando que tal medida es incompatible con el derecho internacional. El Consejo Federal Suizo enfatizó que, si bien la convención permite la retirada, no permite la suspensión, y que cualquier retirada solo entraría en vigor después del fin de un conflicto armado.
El Presidente de la Vigésima Segunda Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal expresó profunda preocupación por la decisión de Ucrania, reconociendo la grave situación de seguridad pero advirtiendo que esta acción podría socavar los esfuerzos para universalizar la convención.
Human Rights Watch también criticó la suspensión de Ucrania, destacando que el Tratado de Prohibición de Minas está diseñado para aplicarse durante conflictos armados y que dicha suspensión pone en riesgo a los civiles y socava normas humanitarias y legales fundamentales.
La Convención de Ottawa, que Ucrania ratificó en 2005, prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. La suspensión de Ucrania ha generado preocupación entre observadores internacionales sobre el posible impacto en la seguridad civil y la integridad del derecho internacional humanitario.
