Greenpeace África Solicita al Tribunal Africano Reconocer la Destrucción Climática como Violación de los Derechos Humanos

Greenpeace África ha presentado un escrito de amicus curiae ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR), afirmando que la destrucción climática constituye una violación sistemática de los derechos humanos en todo el continente. La organización sostiene que las industrias extractivas como la extracción de combustibles fósiles, la minería, la deforestación y la agricultura industrial amenazan derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el agua y un medio ambiente saludable.

Eugene Perumal, Asesor de Gobernanza y Legal de Greenpeace África, declaró: «Este caso trata sobre la justicia para las comunidades en primera línea que ya están soportando los costos de una crisis climática por la que son las menos responsables. En todo el continente, las comunidades ya viven las consecuencias de decisiones tomadas sin su consentimiento. Pedimos al Tribunal que afirme que los gobiernos deben proteger a las personas y que trace una línea firme contra esta impunidad corporativa continua.»

El escrito destaca la expansión de la producción industrial de ganado como una amenaza emergente, señalando que tales operaciones concentran el daño ambiental, impulsan la deforestación y desplazan el control de los sistemas alimentarios de las comunidades locales hacia corporaciones multinacionales. En particular, hace referencia a la inversión planificada de 2.500 millones de dólares por parte de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, en el sector industrial de procesamiento de carne en Nigeria. Esta expansión genera preocupaciones sobre los impactos ambientales, la falta de consulta pública y las implicaciones a largo plazo para los sistemas alimentarios y medios de vida locales.

Greenpeace África invoca el Artículo 21(5) de la Carta Africana, que obliga a los estados a eliminar todas las formas de explotación económica extranjera, especialmente por parte de monopolios internacionales. La organización argumenta que facilitar la expansión corporativa sin transparencia, participación pública ni evaluaciones de impacto ambiental constituye un incumplimiento del deber estatal de protección.

La presentación hace referencia al caso emblemático SERAC contra Nigeria (2001), que estableció que los estados tienen un deber positivo de regular a las corporaciones, realizar y publicar evaluaciones de impacto, y garantizar una participación comunitaria significativa antes de que procedan desarrollos industriales importantes.

Elizabeth Atieno, activista de campañas alimentarias en Greenpeace África, enfatizó: «Los proyectos que se aprueban hoy determinarán quién controla nuestra tierra, nuestros sistemas alimentarios y la salud de nuestro planeta en el futuro. Esperamos del Tribunal una opinión consultiva contundente que consolide los derechos de las comunidades africanas a decir no a la agricultura extractiva y envíe un mensaje definitivo a los explotadores corporativos de que su tiempo para operar con impunidad en este continente ha terminado.»

Este procedimiento forma parte de un cuarteto global de procesos consultivos paralelos ante los tribunales internacionales más altos del mundo, que se espera produzcan fallos autorizados sobre derecho climático y derechos humanos.