El Ejército de EE.UU. Realiza su 21ª Operación Contra un Buque Sospechoso de Narcotráfico en el Pacífico, Matando a Tres

El ejército de EE.UU. ejecutó su 21ª operación contra un buque sospechoso de narcotráfico en el Océano Pacífico el sábado, resultando en la muerte de tres personas. Esta operación forma parte de la campaña intensificada de la administración Trump contra el narcoterrorismo, que ha provocado más de 80 fallecidos desde septiembre.

El Pentágono declaró que el ataque fue llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear en aguas internacionales, apuntando a un barco identificado mediante inteligencia como transportador de narcóticos a lo largo de una ruta conocida de drogas.

La administración justifica estas operaciones clasificándolas como acciones en un "conflicto armado no internacional" contra organizaciones terroristas designadas. Sin embargo, este enfoque ha recibido críticas de expertos legales y aliados internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, expresó su preocupación, afirmando: "Hemos observado con preocupación operaciones militares en la región del Caribe porque ignoran el derecho internacional."

En el ámbito nacional, legisladores han cuestionado la legalidad de estos ataques. El senador Angus King, miembro senior del Comité de Servicios Armados del Senado, enfatizó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra y ha solicitado aclaraciones a la Casa Blanca sobre la base legal de estas operaciones.

El Departamento de Justicia ha redactado supuestamente una opinión legal clasificada que afirma que el personal militar estadounidense involucrado en estos ataques es inmune a enjuiciamiento, sosteniendo que las operaciones cumplen con las leyes de los conflictos armados.

A pesar de la postura de la administración, organismos internacionales han condenado los ataques. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, describió los ataques como "inaceptables" y pidió una investigación, enfatizando que tales operaciones deberían manejarse como asuntos de aplicación de la ley bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

A medida que la campaña continúa, la administración enfrenta un creciente escrutinio sobre las implicaciones legales y éticas de sus acciones militares contra buques sospechosos de narcotráfico en aguas internacionales.