La Administración Trump Busca la Deportación de Kilmar Abrego García a Liberia

La administración Trump ha solicitado a un juez federal en Maryland que autorice la deportación de Kilmar Abrego García a Liberia, afirmando que se han agotado todas las vías legales para impugnar su expulsión.

El caso de Abrego García ha sido central en el discurso nacional sobre las políticas migratorias. En marzo, fue deportado a El Salvador, contraviniendo una orden de un juez federal que prohibía su traslado a su país natal. Después de meses de detención en El Salvador, incluyendo tiempo en la prisión CECOT, fue devuelto a EE.UU. en junio y posteriormente enfrentó cargos federales por tráfico de personas, los cuales niega.

La reciente moción del Departamento de Justicia sostiene que un oficial de asilo entrevistó a Abrego García el 28 de octubre y determinó que no demostró una probabilidad de persecución o tortura en Liberia. El gobierno argumenta que esta evaluación cumple con los requisitos de debido proceso y busca anular la orden judicial preliminar que impide su deportación.

En apoyo a su posición, la administración presentó declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que indican que Liberia ha brindado garantías creíbles de que Abrego García no será perjudicado ni transferido a otra nación donde pueda enfrentar persecución. El gobierno de Liberia ha aceptado recibirlo "en una base estrictamente humanitaria y temporal" tras una solicitud de EE.UU.

Por el contrario, los abogados de Abrego García argumentan que la entrevista del oficial de asilo no constituye un debido proceso suficiente. Alegan que los esfuerzos del gobierno para deportarlo a África, en lugar de a Costa Rica —que le ha otorgado estatus de refugiado— son retaliatorios. El equipo legal ha solicitado que el tribunal prohíba su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración revise la determinación del oficial de asilo, enfatizando preocupaciones de que podría ser devuelto a El Salvador después de ser enviado a Liberia.

Abrego García ingresó a EE.UU. en 2011 a los 16 años. En 2019, un juez de inmigración le concedió "retención de expulsión", impidiendo su deportación a El Salvador debido a amenazas potenciales de pandillas. A pesar de esto, fue deportado en marzo como parte de un esfuerzo más amplio dirigido a personas acusadas de afiliaciones pandilleras. La administración luego reconoció que la deportación fue un error, pero mantuvo su detención en El Salvador durante varios meses.