El DHS defiende el uso de gas lacrimógeno en Little Village ante acusaciones de violaciones a una orden de restricción
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El DHS defiende el uso de gas lacrimógeno en Little Village ante acusaciones de violaciones a una orden de restricción

Resumen

El Departamento de Seguridad Nacional justificó su uso de gas lacrimógeno en Little Village, Chicago, citando amenazas de una multitud, mientras enfrenta acusaciones de violar una orden de restricción federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido el uso de gas lacrimógeno por parte de sus agentes durante una operación en el vecindario Little Village de Chicago, afirmando que la medida fue necesaria para garantizar la seguridad en medio de amenazas crecientes.

Según la Secretaria Asistente Tricia McLaughlin, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban operaciones de cumplimiento cerca de la calle 27 y la avenida Whipple cuando fueron rodeados por una multitud de aproximadamente 75 a 100 personas. McLaughlin describió al grupo como "disturbios" que supuestamente acorralaron a los agentes y lanzaron fuegos artificiales de grado comercial contra ellos. Además, indicó que la multitud se volvió cada vez más hostil, arrojando piedras y otros objetos, uno de los cuales golpeó en la cabeza al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

En respuesta a estas acciones, los agentes emitieron múltiples advertencias a la multitud para que se dispersara, indicando que se desplegarían agentes químicos si no se acataban las instrucciones. Cuando la multitud no cumplió, se utilizó gas lacrimógeno. McLaughlin enfatizó que las acciones de los agentes estuvieron en plena conformidad con la política de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y fueron necesarias para garantizar la seguridad tanto de las fuerzas del orden como del público.

Sin embargo, el uso de gas lacrimógeno ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos civiles. Un bufete de abogados ha alegado que el jefe Bovino violó varios párrafos de una orden de restricción emitida por la jueza federal Sara Ellis, que limita el despliegue de gas lacrimógeno por parte de funcionarios de inmigración cuando se trata con medios de comunicación y manifestantes. El bufete publicó una foto que aparentemente muestra a Bovino lanzando personalmente gas lacrimógeno hacia una multitud de residentes.

El incidente ha intensificado el escrutinio sobre las acciones de las fuerzas federales en Chicago, particularmente en vecindarios con poblaciones inmigrantes significativas. Miembros de la comunidad y funcionarios electos han expresado preocupación por las tácticas empleadas por los agentes federales, enfatizando la necesidad de respetar los protocolos legales y los derechos de los residentes.

A medida que la situación se desarrolla, se espera que el jefe Bovino testifique bajo juramento en una próxima declaración sobre posibles violaciones a la orden de restricción de la jueza federal. El resultado de este testimonio podría tener implicaciones significativas para futuras operaciones de cumplimiento y la relación entre las agencias federales y las comunidades a las que sirven.

Verificación de hechos

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Border Patrol Chief Gregory Bovino is accused of violating a restraining order by deploying tear gas during a protest in Chicago's Little Village neighborhood.

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A video appears to show Chief Bovino personally throwing tear gas toward a crowd of residents.

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The restraining order, issued by U.S. District Judge Sara Ellis, restricts the deployment of tear gas by immigration officials when dealing with media and protesters.

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The incident has intensified scrutiny of federal enforcement actions in Chicago, particularly in neighborhoods with significant immigrant populations.

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Chief Bovino is expected to testify under oath in an upcoming deposition regarding potential violations of the federal judge's restraining order.

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The Department of Homeland Security (DHS) has defended its agents' use of tear gas during an operation in Chicago's Little Village neighborhood, stating that the measure was necessary to ensure safety amid escalating threats.

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Community members and elected officials have expressed concern over the tactics employed by federal agents, emphasizing the need for adherence to legal protocols and respect for residents' rights.

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The outcome of Chief Bovino's testimony may have significant implications for future enforcement operations and the relationship between federal agencies and the communities they serve.

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