La Universidad de Brown Rechaza el Acuerdo de Financiamiento Federal por Preocupaciones sobre la Libertad Académica
La Universidad de Brown ha rechazado una propuesta federal que ofrecía financiamiento preferencial a cambio de cambios en políticas, citando amenazas a la libertad académica y la autonomía institucional.
La Universidad de Brown ha rechazado una propuesta de la administración Trump que ofrecía acceso preferencial a financiamiento federal a cambio de implementar cambios específicos en políticas. En una carta fechada el 15 de octubre de 2025, dirigida a la Secretaria de Educación Linda McMahon, la presidenta de Brown, Christina Paxson, expresó su preocupación de que el acuerdo "restringiría la libertad académica y socavaría la autonomía de la gobernanza de Brown".
El acuerdo propuesto, enviado a nueve universidades el 1 de octubre de 2025, establecía requisitos como eliminar consideraciones de sexo y etnia en las admisiones, limitar la matrícula de estudiantes internacionales al 15%, y adoptar definiciones de género basadas en funciones biológicas. A cambio, las instituciones participantes recibirían prioridad para subvenciones federales e invitaciones a eventos en la Casa Blanca.
El rechazo de Brown sigue una decisión similar del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), cuya presidenta Sally Kornbluth declaró que el acuerdo incluía principios que "restringirían la libertad de expresión y nuestra independencia como institución".
Otras universidades que recibieron la propuesta, incluyendo la Universidad Vanderbilt, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Arizona, están actualmente revisando el acuerdo. La Universidad de Texas en Austin ha expresado una postura más favorable, indicando disposición para colaborar con la administración en la propuesta.
La administración Trump ha extendido el acuerdo a todas las universidades de Estados Unidos, con el objetivo de reformar las instituciones de educación superior alineándolas con objetivos políticos específicos. La administración ha indicado que las universidades que rechacen la oferta podrían enfrentar un mayor escrutinio respecto al cumplimiento de las leyes federales.
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