El Distrito Escolar de Des Moines Demanda a Firma de Búsqueda por la Contratación del Superintendente

El Distrito Escolar Independiente de la Comunidad de Des Moines (DMICSD) ha iniciado una acción legal contra JG Consulting, la firma de búsqueda ejecutiva responsable de la contratación del exsuperintendente Ian Roberts. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Iowa para el Condado de Polk, acusa a la firma de negligencia y incumplimiento de contrato, afirmando que JG Consulting no realizó una evaluación adecuada de Roberts, lo que llevó a su nombramiento a pesar de su inelegibilidad para ocupar legalmente el cargo.

Roberts, quien asumió el cargo de superintendente en mayo de 2023 con un salario anual de $270,000, fue arrestado el mes pasado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Las autoridades lo acusaron de posesión de armas ilegales tras descubrir una pistola cargada en su vehículo durante el arresto. Investigaciones adicionales revelaron que Roberts tenía antecedentes legales, incluyendo condenas previas y una orden final de expulsión emitida en 2024.

El distrito sostiene que la negligencia de JG Consulting resultó en costos significativos, incluyendo gastos relacionados con la búsqueda de un reemplazo y daños a la reputación del distrito. En respuesta, el abogado de JG Consulting, Josh Romero, declaró que la empresa respalda su historial y tiene la intención de defenderse en la corte. Enfatizó el compromiso de la firma con apoyar a los distritos escolares a nivel nacional en la identificación de candidatos calificados para cargos ejecutivos.

A la luz de estos acontecimientos, otros distritos escolares que colaboran con JG Consulting han expresado preocupaciones. El Distrito Escolar Innovador Eanes Westlake en Texas, que actualmente utiliza los servicios de la firma para la búsqueda de un superintendente, aseguró a su comunidad su compromiso con altos estándares y evaluaciones exhaustivas de candidatos.

Roberts permanece bajo custodia federal, enfrentando cargos relacionados con su estatus migratorio y la posesión de armas de fuego. El caso ha provocado un escrutinio sobre las prácticas de contratación y los procesos de verificación de antecedentes dentro de las instituciones educativas.