California promulga ley que prohíbe a la mayoría de agentes del orden usar máscaras durante operaciones
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California promulga ley que prohíbe a la mayoría de agentes del orden usar máscaras durante operaciones

Resumen

El gobernador Gavin Newsom ha firmado una legislación que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, usar cubrebocas durante sus funciones oficiales, con ciertas excepciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado un proyecto de ley que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, usar cubrebocas durante sus funciones oficiales. La legislación, conocida como la Ley No a la Policía Secreta (SB 627), tiene como objetivo mejorar la transparencia y la confianza pública en las fuerzas del orden.

La nueva ley prohíbe el uso de bufandas tubulares, pasamontañas y cubiertas faciales similares por parte de agentes locales y federales mientras realizan actividades oficiales. Se hacen excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas como los respiradores N95 y equipo táctico. La ley no se aplica a la policía estatal.

El proyecto fue presentado por el senador estatal Scott Wiener en respuesta a recientes redadas de inmigración en Los Ángeles, donde agentes federales usaron máscaras durante arrestos masivos. Estas acciones provocaron protestas y llevaron al despliegue de tropas de la Guardia Nacional y Marines en la ciudad.

El gobernador Newsom enfatizó la importancia de la transparencia en las fuerzas del orden, afirmando que el estado está rechazando la práctica de agentes enmascarados sin identificación ni números de placa deteniendo personas en las calles.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó la legislación, con la subsecretaria de Asuntos Públicos Tricia McLaughlin calificándola de "despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros oficiales." Argumentó que ocultar sus identidades es necesario para la seguridad de los agentes y sus familias.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Propuestas similares han sido presentadas en otros estados, incluidos Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, reflejando un debate nacional más amplio sobre las prácticas policiales y la responsabilidad pública.

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